Hace dos meses, el gobierno de la Generalitat presidido por Artur Mas, decidió posponer la presentación de los Presupuestos de la Generalitat hasta después de las elecciones municipales. La Ley de presupuestos viene a ser la cantidad de dinero del que dispone el Parlamento para pasar el año. A partir de esta cantidad se financia el gasto público, es decir: se paga el sueldo de los funcionarios y se invierte en servicios y patrimonio público, entre otras inversiones. Según el gobierno de Mas, Cataluña no ha aprobado la Ley de Presupuestos del año 2011 porque el gobierno estatal no ha aprobado el plan de viabilidad de la Generalitat, hecho que impide hacer la previsión de los ingresos del Parlamento de Cataluña y en suma, paraliza la Ley de Presupuestos.
Muestro escepticismo hacia este argumento, porque si el Gobierno dependiera exclusivamente del “sí” al mencionado plan de viabilidad, Mas no aplazaría la presentación de los Presupuestos hasta una vez finalizadas las elecciones municipales, lo haría dependiendo de la fecha de aprobación del plan de viabilidad. En otras palabras, el Gobierno es consciente de que si aplica el recorte del 10% del presupuesto de la Generalitat antes de las elecciones municipales, parte la población que votó a CiU en las elecciones autonómicas estará desencantada, y esto hace temblar las piernas a los alcaldes y candidatos a la alcaldía de Convergència i Unió, puesto que podrían perder poder en los ayuntamientos.
Como alternativa a la Ley de Presupuestos de 2011, se ha prorrogado la vigencia de la ley presupuestaria del año 2010. Unos de los puntos de la ley que es sujeto a ser debatido, sobre todo en tiempo de recortes, son las retribuciones de los diputados del Parlamento. Tras las elecciones a la Generalitat se publicaron los salarios de los diputados, que escandalizan a todo aquel que desconocía estas retribuciones e indigna al ciudadano que apenas recibe el supuesto salario medio de 21.500€ brutos anuales. Un apunte: si multiplica este sueldo por tres, empezará a hacerse una idea del salario los diputados de la Generalitat que menos cobran, siendo de entre 67.183 y 75.990 € brutos anuales, lo que supone unos 6000€ mensuales. En cuanto al sueldo de la Presidenta del Parlamento, Núria de Gisbert, es la que mejor sale parada de la repartición de salarios: recibe, cada mes, entre 12.635 y 13.369€ brutos.
La Ley de presupuestos, supuestamente, establece un sistema de control político-jurídico del poder legislativo, el Parlamento, y el poder ejecutivo, el Gobierno de Mas. Esto, desde un punto de vista formal. Pero en la práctica no es así porque ambos poderes van en consonancia y la separación entre ejecutivo y legislativo es bastante difusa. En los sistemas parlamentarios, donde hay una fuerte disciplina de partido, el electorado vota la formación del Parlamento y, tras las elecciones, los diputados votan al presidente del país o autonomía, que acaba siendo o bien el líder del partido que más diputados ha conseguido, o bien el líder de una coalición de fuerzas políticas, como sucedió con el tripartito. Si un gobierno que tiene mucho poder en el Parlamento, el Gobierno aprobará o no aquello que quiera y velará por los intereses que siga su partido. CiU tiene 62 escaños, tiene margen para decidir como aplicará los recortes y en este sentido seguramente tendrá el apoyo del PP. Si usted es un defensor de los servicios públicos básicos, la situación se plantea como muy grave. Primero, porque durante el tiempo en que no hay presupuestos, no se cubren las vacantes necesarias por el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, como son la sanidad y la educación. Segundo, porque con la hegemonía de CiU en el Parlamento y el previsible apoyo del PP a la recortes como medida para reducir el déficit, dar confianza a los mercados europeos y salir de la crisis, todo parece indicar que los presupuestos no reducirán la carencia de servicios públicos básicos, al contrario, se incrementará. Con todo, cuando se trata de las retribuciones de los diputados, a buen seguro que los salarios no se verán demasiado afectados. Hasta ahora se han pagado servicios prescindibles o se han sobre pagado trabajos innecesarios, desde el uso de coches oficiales hasta los pluses por desplazamientos de los diputados que asisten a reuniones en mismo municipio donde viven. Por ejemplo, ¿es necesario pagar más de 21.000€ cada año, a un diputado que vive en Girona para que vaya a Barcelona a cumplir con su jornada laboral? ¿Hay que viajar en primera clase cuando es evidente que los viajes de clase turista llegaran al mismo destino y a la misma hora que el viajero de primera? No hace falta, pero sobre todo es innecesario cuando los pluses por desplazamiento provienen del dinero público.
La Ley de presupuestos, supuestamente, establece un sistema de control político-jurídico del poder legislativo, el Parlamento, y el poder ejecutivo, el Gobierno de Mas. Esto, desde un punto de vista formal. Pero en la práctica no es así porque ambos poderes van en consonancia y la separación entre ejecutivo y legislativo es bastante difusa. En los sistemas parlamentarios, donde hay una fuerte disciplina de partido, el electorado vota la formación del Parlamento y, tras las elecciones, los diputados votan al presidente del país o autonomía, que acaba siendo o bien el líder del partido que más diputados ha conseguido, o bien el líder de una coalición de fuerzas políticas, como sucedió con el tripartito. Si un gobierno que tiene mucho poder en el Parlamento, el Gobierno aprobará o no aquello que quiera y velará por los intereses que siga su partido. CiU tiene 62 escaños, tiene margen para decidir como aplicará los recortes y en este sentido seguramente tendrá el apoyo del PP. Si usted es un defensor de los servicios públicos básicos, la situación se plantea como muy grave. Primero, porque durante el tiempo en que no hay presupuestos, no se cubren las vacantes necesarias por el funcionamiento adecuado de los servicios públicos, como son la sanidad y la educación. Segundo, porque con la hegemonía de CiU en el Parlamento y el previsible apoyo del PP a la recortes como medida para reducir el déficit, dar confianza a los mercados europeos y salir de la crisis, todo parece indicar que los presupuestos no reducirán la carencia de servicios públicos básicos, al contrario, se incrementará. Con todo, cuando se trata de las retribuciones de los diputados, a buen seguro que los salarios no se verán demasiado afectados. Hasta ahora se han pagado servicios prescindibles o se han sobre pagado trabajos innecesarios, desde el uso de coches oficiales hasta los pluses por desplazamientos de los diputados que asisten a reuniones en mismo municipio donde viven. Por ejemplo, ¿es necesario pagar más de 21.000€ cada año, a un diputado que vive en Girona para que vaya a Barcelona a cumplir con su jornada laboral? ¿Hay que viajar en primera clase cuando es evidente que los viajes de clase turista llegaran al mismo destino y a la misma hora que el viajero de primera? No hace falta, pero sobre todo es innecesario cuando los pluses por desplazamiento provienen del dinero público.
"Democracia Real Ya! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Fotografia de Claudio Álvarez.
En el contexto actual de paro, que desfavorece al 21% de la población y al 40% de la población joven, en un momento en que la mayoría de la población que trabaja tiene el sueldo congelado desde hace años, han reducido los salarios o han dejado de cobrar porque la empresa donde trabaja se ha declarado en concurso de acreedores, es comprensible la crispación social que justo hace 6 días la población empezó a exteriorizar. Las protestas son naturales porque a la vez que se están planificando los recortes en los servicios públicos fundamentales, la población echa un vistazo con indignación a las retribuciones de los diputados y en el momento en que lo hace, todo ello parece muy injusto.
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